PERSONAS accedieron a servicios de protección y prevención, especialmente mujeres, niñas y niños.
PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES en La Paz, Santa Cruz y Oruro accedieron a asesoría legal gratuita, protección de niñez, prevención y patrocinio en situaciones de violencia basada en género.
ESTUDIANTES concientizados sobre violencia basada en género y prácticas nocivas.
HOMBRES acceden a servicios de reeducación contra la violencia hacia las mujeres, a través de Modelos de Intervención Psicoterapéutica.
JUEZAS, JUECES, FISCALES Y POLICÍAS conocen los procesos y procedimientos de la Ruta de Actuación Interinstitucional de Lucha contra la Violencia.
MUNICIPIOS RURALES conformaron 31 redes locales de prevención y atención a la violencia con apoyo técnico, recursos y equipamiento, promoviendo un enfoque integral y multisectorial.
Mejor protección para más de un millón de personas
Más de un millón de personas accedieron a servicios de protección y prevención, de las cuales 1.059.545 fueron mujeres y 115.668 niñas y niños.
Además, 620 profesionales que trabajan en mecanismos de protección a víctimas de violencia fortalecieron sus capacidades para mejorar la asistencia y garantizar un enfoque centrado en las sobrevivientes en los servicios de justicia y protección.
Para fortalecer el acceso a la justicia, se implementaron 31 mecanismos de coordinación interinstitucional en distintos municipios, facilitando el proceso de denuncia y la protección legal. Asimismo, el establecimiento de 31 Modelos de Atención Colaborativa en 94 municipios rurales permitió brindar servicios de protección a 909.549 mujeres y niñas de esos municipios, asegurando una respuesta oportuna y efectiva. Estos modelos proporcionan recursos y apoyo integral para la reconstrucción de sus vidas.
En 51 municipios rurales, los servicios de atención a víctimas se fortalecieron gracias a la participación de 480 promotoras comunitarias, mujeres que han superado situaciones de violencia y que ahora brindan apoyo a otras sobrevivientes, complementando la asistencia municipal.
En cuanto a los programas de reeducación y resocialización, 768 hombres participaron en estos procesos, en 36 municipios, a través del Modelo de Intervención Psicoterapéutica para Hombres que ejercen violencia contra las mujeres.
Así también, 209 actores del sistema de justicia (policías, fiscales y jueces) de La Paz y El Alto se capacitaron en investigación, procesamiento y sanción de casos de violencia de género bajo un enfoque centrado en la víctima. De igual manera, 375 funcionarias y funcionarios públicos recibieron formación en atención integral a sobrevivientes de violencia y herramientas para mejorar la prestación de estos servicios.
Se elaboraron, de manera participativa con jueces y juezas, los lineamientos para juzgar con perspectiva de género, en las áreas penal, familiar, niñez y adolescencia.
Se prestó asistencia técnica a la Mesa Nacional de Lucha contra la Violencia en la elaboración de los lineamientos de la declaración única de la víctima y medidas de protección, que fueron aprobadas por los miembros de la referida Mesa.
En el ámbito de la prevención, más de 32 mil personas (21.658 mujeres y 10.398 hombres) participaron en programas de sensibilización, apoyo psicosocial e intervención psicológica especializada. Entre ellas, 17.162 eran mujeres adultas y 4.492 niñas y adolescentes, asegurando un enfoque diferenciado acorde a sus necesidades.
La protección infantil también se fortaleció significativamente, beneficiando a 218.537 niñas, niños y adolescentes (111.176 niñas y 107.361 niños), en 180 municipios. Esto fue posible gracias a la capacitación de 2.516 funcionarios del sistema de protección infantil (1.898 mujeres, 69 hombres y 9 personas no binarias), optimizando la respuesta ante casos de violencia contra la niñez y adolescencia.
Cambiando normas sociales, desafiando estereotipos
ONU Bolivia promovió normas y comportamientos sociales positivos para prevenir la violencia de género, fomentando una cultura de cero tolerancia en las comunidades. Más de dos millones de personas participaron de campañas de sensibilización, espacios de reflexión y diálogo comunitario, formación de líderes y lideresas locales, activaciones en espacios públicos y el uso de herramientas educativas como radionovelas y materiales didácticos.
Estas acciones multisectoriales, que fortalecieron la conciencia colectiva sobre la violencia de género, fueron posibles gracias a la coordinación con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, gobiernos departamentales y municipales, y organizaciones de sociedad civil. Además, 51 gobiernos municipales rurales implementaron propuestas transformadoras para cambiar normas sociales y cuestionar estereotipos de género.
Con el apoyo de 105 lideresas y líderes facilitadores, se ha trabajado en la sensibilización comunitaria sobre los efectos de la violencia. Asimismo, se inició una estrategia psicoeducativa y lúdica con enfoque intercultural, de género y de masculinidades positivas, que ha logrado sensibilizar a 3.000 niños y 1.000 hombres adultos sobre la importancia de la equidad, el respeto y la no violencia.
El cambio en las normas sociales ha sido clave para fortalecer la protección de la niñez en comunidades indígenas. A través de procesos de sensibilización y formación, 280 lideresas y líderes indígenas se convirtieron en “Promotores Comunitarios de los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Su liderazgo ha mejorado el acceso a servicios de protección y ha contribuido a la denuncia de 2.566 casos de violencia, reforzando la exigibilidad de derechos y la responsabilidad comunitaria en la prevención.
Asimismo, se elaboró una Estrategia de Comunicación y Movilización para la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, implementada en 94 municipios de los nueve departamentos del país. En este marco, iniciativas de alto impacto como el “Violentómetro” y el “Cineclub Naranja” han permitido a 188.427 personas identificar casos de violencia y generar espacios de debate y reflexión en sus comunidades.
Además, se llevaron a cabo 38 jornadas de compromisos municipales, en las que autoridades locales asumieron medidas concretas para erradicar la violencia de género.
Por otro lado, 376 funcionarias y funcionarios públicos y más de un millón y medio de personas de áreas rurales fueron sensibilizados sobre los obstáculos en la atención a víctimas de violencia, a través de la radionovela “Ruta de la Injusticia”, transmitida en lenguas indígenas para garantizar un mayor alcance e impacto.
Finalmente, se implementó la segunda edición de “Mujeres Extremas”, una iniciativa innovadora que visibiliza el empoderamiento y la resiliencia de mujeres que desafían los estereotipos de género y rompen barreras en profesiones y deportes tradicionalmente dominados por hombres. En 2024, la campaña alcanzó a más de 200.000 personas, fortaleciendo el reconocimiento y la inspiración de nuevos modelos de liderazgo femenino.
