Bolivia enfrentó en 2024 una coyuntura crítica caracterizada por un escenario de dificultades simultáneas de sus condiciones económicas, ambientales y políticas, configurando un entorno de desafíos multidimensionales que demandan respuestas integradas y urgentes. El país atraviesa un complejo escenario económico marcado por un persistente bajo crecimiento que debilita su capacidad productiva. Los desequilibrios fiscales se han profundizado, generando presiones significativas sobre las finanzas públicas. La escasez de divisas complica las importaciones y limita la actividad comercial, agravada por las restricciones en el suministro de combustibles que afectan las cadenas logísticas. Las reservas internacionales han alcanzado niveles críticos, reduciendo el margen de maniobra del Gobierno frente a choques externos, en un contexto de contracción sostenida de las exportaciones de hidrocarburos. Paralelamente, la inflación muestra una tendencia creciente que erosiona el poder adquisitivo de la población, especialmente de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad. Estos factores combinados representan un desafío significativo para mantener la estabilidad económica, comprometiendo tanto la sostenibilidad fiscal como la confianza de actores económicos nacionales y extranjeros.

El panorama ambiental ha sido particularmente devastador, con incendios forestales de proporciones históricas que afectaron alrededor de 10 millones de hectáreas. Esta catástrofe ecológica destruyó ecosistemas vitales, y generó impactos considerables en la salud pública y la economía local lo que nos impulsa a abordar los desafíos de la movilidad humana por factores ambientales y climáticos. La magnitud de estos incendios evidenció debilidades estructurales en los sistemas de prevención y respuesta, exigiendo la reasignación de recursos públicos ya escasos.

En el contexto político-institucional, Bolivia experimenta una fragmentación creciente de liderazgos y una polarización que obstaculiza la construcción de consensos necesarios para enfrentar la crisis. La confianza en las instituciones públicas registra niveles mínimos históricos, alimentando un malestar social que se manifiesta en protestas recurrentes. El horizonte electoral próximo intensifica las tensiones, y prioriza cálculos políticos sobre medidas estructurales urgentes.

A pesar de este escenario adverso, Bolivia mantiene potencialidades significativas para una transformación sostenible. El desarrollo de la cadena de valor del litio, la transición energética y la agroindustria sostenible representan oportunidades para diversificar la economía. La economía naranja, basada en el turismo que aprovecha la rica diversidad cultural y natural del país, la gastronomía ancestral reconocida internacionalmente y los servicios creativos emergentes, constituye una vía prometedora para diversificar la matriz productiva, generar empleos de calidad y atraer divisas. La crisis de los incendios forestales podría marcar un punto de inflexión hacia un modelo de desarrollo más sostenible, incorporando mecanismos innovadores de financiamiento climático.

La implementación efectiva de la Agenda 2030 requiere, en este contexto, un enfoque integral que articule dimensiones económicas, ambientales e institucionales. El fortalecimiento de la gobernanza democrática y la reconstrucción del tejido social son fundamentales para movilizar el potencial transformador de la sociedad boliviana rumbo a su Bicentenario.