ONU Bolivia acompañó al Estado en diversas iniciativas que buscaron reducir la violencia basada en género y apoyar a grupos en situación de vulnerabilidad. 

Se respaldó al país en una propuesta para implementar modelos de redes locales para abordar la violencia contra las mujeres. El trabajo se centró en el desarrollo de un modelo de gestión en redes municipales que permita la articulación y coordinación de todos los niveles del Estado en la lucha y erradicación de la violencia. En solo un año, después de identificar la situación de los servicios municipales de protección a víctimas de violencia, se implementó la propuesta en nueve municipios, posibilitando que mujeres indígenas tengan acceso a servicios articulados. Para 2024, el objetivo es multiplicar el impacto, salvaguardando vidas y fomentando la seguridad en 100 municipios. 

Los recursos financieros que reciben los más de 300 municipios en Bolivia dependen del número de habitantes. Debido a la migración urbano- rural, algunos municipios tienen poca población, por lo tanto, escasos recursos de inversión. Esta situación reduce la capacidad de inversión en servicios de protección. 

Se propuso una estructura de cuatro modelos de respuesta considerando las categorías municipales, su asignación de recursos y la interconexión municipal, en el marco de un programa conjunto cuyo objetivo es mapear los servicios municipales existentes y articularlos a través de herramientas que permitan el acceso de las mujeres y niñas indígenas al sistema de justicia. 

A pesar de los esfuerzos para abordar el problema de la violencia de género, muchas víctimas aún enfrentan obstáculos para acceder a la justicia y recibir el apoyo necesario. 

La Fiscalía General del Estado, con asistencia técnica de ONU Bolivia, creó la Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI) como una herramienta que facilite a las víctimas el acceso a la justicia. Ésta tiene el objetivo de brindar una respuesta adecuada, inmediata, efectiva y no revictimizante. La elaboración de la RAI se desarrolló en el marco del Proyecto Acceso a la Justicia para Todos y Reforma del Sistema, financiado por la Unión Europea. 

La Defensoría del Pueblo, en alianza con ONU Bolivia, ha participado en la lucha contra la violencia de género al formar parte de la Mesa Nacional Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia en razón de Género. Esta Mesa reúne a las máximas autoridades del sistema penal y ha firmado la RAI. Se promovió de manera conjunta la difusión de una serie de cinco cuñas radiales, en las nueve ciudades capitales, para sensibilizar a la población sobre el acoso y violencia política. 

Se implementaron operaciones de Transferencias de Base Monetaria (TBM) a familias en situación de inseguridad alimentaria (83% lideradas por mujeres), de La Paz y El Alto. El objetivo fue apoyarlas a enfrentar el aumento de precios y el limitado acceso a artículos esenciales, en acuerdo con las organizaciones no gubernamentales Cáritas El Alto y Cáritas La Paz. 

En apoyo a los esfuerzos del Viceministerio de Defensa Civil y en coordinación con la Cruz Roja Boliviana, se apoyó a familias afectadas por las inundaciones a principios de año, en Beni y Pando. La intervención incluyó a personas con discapacidad. La distribución en el norte del país se realizó a través de memorandos de entendimiento firmados con los municipios afectados. 

En atención a las necesidades nutricionales de personas con VIH/SIDA, se impartieron capacitaciones nutricionales a más de una centena de profesionales que trabajan con personas que viven con VIH/SIDA en Santa Cruz, que representa una expansión del impacto a más del 50% de los casos positivos en el país. Los profesionales fueron preparados para ayudar a los pacientes con atención integral y asesoramiento para una mejor adherencia al tratamiento.

El Ministerio de Salud y Deportes cuenta con un estudio sobre la percepción y satisfacción del Programa Bono Juana Azurduy (BJA) para beneficiarias en áreas urbanas y rurales, que identifica el nivel de conocimiento sobre el bono, la caracterización de problemas de acceso que enfrentan y acciones que deberían considerarse para mejorar el programa, como el desafío de incrementar los mecanismos de acceso al Bono.