Según la CEPAL, la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los mayores desafíos para la región y, lamentablemente, Bolivia ocupa el primer lugar en feminicidios en Sudamérica. Para abordar esta situación, el Gobierno boliviano está actualizando la legislación específica y está en proceso la reforma de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, lo que marca el comienzo de un cambio de modelo en su enfoque. En la Asamblea de las Naciones Unidas de 2022, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, propuso declarar la Década por la Despatriarcalización para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Además, declaró el 2022 como Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, con el fin de promover políticas dirigidas a fortalecer los marcos normativos y atacar las causas estructurales de violencia a través de la educación, la autonomía económica de las mujeres y mediante procesos culturales.
ONU Bolivia, con el liderazgo de ONU Mujeres, apoyó al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, al Ministerio Público, a la Policía y al Órgano Judicial, a través de lineamientos, normativas, protocolos y capacitaciones. Se destaca la implementación de un programa conjunto ejecutado en coordinación con el Ministerio de Justicia y con la participación de UNICEF, UNFPA y ONU Mujeres, financiado por el Fondo Global ODS, a través del cual se ha brindado asistencia técnica, y se realizaron estudios para analizar canales de financiamiento dirigidos a erradicar la violencia. Se propusieron modelos para mejorar los servicios y llegar a mujeres indígenas, basados en estudios interinstitucionales, que permitieron mapear los servicios municipales y articularlos mediante herramientas que faciliten el acceso de mujeres y niñas indígenas al sistema de justicia.
En Bolivia, los recursos financieros de los municipios dependen del número de habitantes, lo que ha generado escasez de inversión y un bajo impacto en algunos municipios debido a la migración urbano-rural. Para abordar esta situación, se han desarrollado cuatro modelos prácticos de respuesta según categorías municipales, la asignación de recursos y la interconexión municipal. Se ha propuesto que estos modelos sean incluidos en la reforma a la Ley Integral contra la Violencia como redes funcionales. Éstos se aplicaron en nueve municipios de La Paz, Oruro y Santa Cruz, con el apoyo de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), y se atendieron 491 casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La articulación con actores gubernamentales como el Servicio Estatal de Autonomías (SEA), el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (SEPMUD) y 23 gobiernos municipales dará seguimiento continuo a los modelos.
