En 2022 Bolivia ha consolidado el segundo año de mandato del Gobierno elegido en las elecciones de octubre de 2020, hito que permitió la reconducción institucional luego de la crisis política, económica y sanitaria de 2019 y 2020. Desde el punto de vista económico, se ha logrado consolidar algunos de los indicadores de recuperación económica, con un crecimiento del PIB del orden del 3%.

Este es un logro significativo en un contexto nacional marcado por desastres naturales y altos niveles de conflictividad, así como en un entorno internacional y regional caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad. Estos contextos, regional y mundial, tienen su origen en múltiples factores, entre los que destacan el incremento de la pobreza y la desigualdad, la inestabilidad en los precios de las materias primas, la desaceleración del crecimiento económico, la lenta recuperación de las cadenas de producción y comercio, y los efectos de la guerra en Ucrania. También persiste la preocupación por el cambio climático, la adopción de nuevas tecnologías y el futuro de la globalización.

Además del mantenimiento del crecimiento y la estabilidad económica, es importante destacar que se ha observado una mejora gradual en las condiciones del mercado laboral, con una recuperación que aún está en proceso pero que ya muestra mejores niveles de empleo y generación de ingresos en comparación con las gestiones anteriores. Estos logros son el resultado de la reactivación de políticas expansivas que se han traducido en inversión pública, así como de la continuidad de políticas de incentivos y apoyo al sector productivo en áreas como el crédito y los fondos de garantía, entre otros.

Sin embargo, el crecimiento del endeudamiento público (tanto interno como externo) y la disminución de las reservas internacionales podrían limitar los esfuerzos para dinamizar la economía recurriendo únicamente a políticas expansivas. En particular, aún se enfrentan retos para la financiación de la recuperación en el corto y mediano plazo, tales como los altos costos de las subvenciones al sector de hidrocarburos, las limitadas reservas de gas y el pago del servicio de deuda contraída. De la gestión de estos retos dependerá que se cuente con la adecuada capacidad fiscal para dinamizar la economía y financiar las políticas de desarrollo.

En el área social destaca el esfuerzo en la política de salud orientada a responder a la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, particularmente con el fortalecimiento del sistema de atención en salud luego de una extensa campaña de vacunación. Además, la reanudación de las actividades escolares de manera presencial, en 2022, fue otro hito en el retorno a una senda social y en el ejercicio pleno al derecho a la educación, que se había visto interrumpido por la pandemia ocasionando un efecto adverso sobre las tasas de cobertura y la calidad educativa.

Es necesario alcanzar acuerdos mínimos para avanzar en la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025. Estos desafíos incluyen mantener la estabilidad económica y la reactivación productiva, apoyar la realización del Censo 2024, respaldar la reforma de la justicia, diseñar un nuevo modelo de salud y fortalecer la educación.