De acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, la reforma y mejora de la justicia boliviana es uno de los principales ejes de intervención gubernamental. Esto se debe a la desconfianza de la ciudadanía en la justicia, lo que ha generado una crisis en la prestación de servicios judiciales. La falta de independencia, la organización de los servicios de justicia, la mora procesal y la elección y selección de autoridades y administradores de justicia son solo algunos de los problemas que deben ser atendidos de manera inmediata por parte del Estado. En 2022, el SNU ha centrado sus esfuerzos en apoyar la mejora del sistema de justicia.
La ONU ha contribuido al fortalecimiento institucional para mejorar el acceso a los servicios de justicia, incluyendo la justicia indígena, el presupuesto del Órgano Judicial, el desarrollo de protocolos de atención, la capacitación y la mejora de los sistemas de información, entre otras medidas. Además, la ONU, a través de la OCR y agencias como PNUD, UNICEF, ONU Mujeres, Misión de OACNUDH, UNFPA y UNODC, en colaboración con la FES, ha facilitado espacios de diálogo para la discusión de la Reforma de la Justicia en Bolivia en asociación con el Ministerio de Justicia y la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, involucrando al Órgano Ejecutivo, al Órgano Judicial, a la sociedad civil y a los movimientos sociales.
Los resultados de estos encuentros públicos han sido sistematizados para que sirvan como insumo en la agenda de reforma. Asimismo, a través del contacto con la redes regionales de la ONU y de la relación con expertos temáticos, en 2022 se acordó y apoyó al Ministerio de Justicia, a través de la asistencia técnica de expertos internacionales y nacionales para desarrollar propuestas, ajustes y sugerencias a los contenidos de la reforma (particularmente en materia penal, derechos humanos, gestión de servicios de justicia y carrera judicial), así como ajustes a cuerpos normativos que hacen parte del proceso de reforma (concretamente, en temas relativos a los códigos de comercio y penal).
El SNU también ha brindado apoyo a instituciones clave para el buen funcionamiento de la justicia en el país, como la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. Se ha proporcionado asistencia para mejorar la atención a grupos vulnerables, gestión de conflictos, planificación estratégica y fortalecimiento de instrumentos de gestión, tales como los sistemas de información. UNFPA, ONU Mujeres, UNICEF y PNUD están desarrollando una intervención coordinada de apoyo a estas instituciones.
El apoyo a la reforma de justicia y mejora en los servicios judiciales ha requerido la coordinación de las agencias, fondos y programas del SNU, para brindar una asistencia articulada a diversas instituciones relacionadas con el sector, en un esfuerzo y compromisos conjuntos de agencias como OACNUDH, PNUD, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres y UNODC.
