Durante el año 2022, la determinación de la nueva fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda ha sido uno de los temas centrales debido a la imposibilidad técnica de su realización en el 2023. Este proceso es de gran importancia, especialmente para la redistribución de escaños en el Órgano Legislativo y la asignación de recursos tributarios y del IDH. Sin embargo, la realización de un paro cívico de 36 días en Santa Cruz y los conflictos subnacionales han convertido al proceso censal en una de las prioridades para el Gobierno nacional.

El SNU ha contribuido a fortalecer las capacidades del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con el propósito de que la fase preparatoria del Censo se enmarque en las recomendaciones internacionales. Lo anterior se tradujo en asistencia técnica para la correcta aplicación de los criterios de calidad y buenas prácticas durante el proceso censal.

Este fortalecimiento se realizó a través de asesorías y transferencia de conocimientos por parte de expertos internacionales (técnicos, operativos y administrativos) de aliados estratégicos como el CEPAL-CELADE, las Oficinas Nacionales de Estadística, a través de Cooperación Sur-Sur (INDEC-Argentina, INEI-Perú, IBGE-Brasil), y Agencias, Fondos y Programas (AFP) del SNU. De esta manera, se generó un espacio interagencial, liderado por UNFPA, para poder coordinar la asistencia técnica especializada de las diferentes AFP, que aportó al incremento de la disponibilidad de información oportuna, desagregada y de calidad y la inclusión del enfoque de “No dejar a nadie atrás” durante el proceso precensal (elaboración de la boleta censal, manuales de capacitación, estrategia de comunicación y socialización, entre otros).

Se espera que con este fortalecimiento el Censo permita orientar las políticas basadas en evidencia, el cumplimiento de los compromisos internacionales (Agenda 2030, Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo ICPD+25, Consenso de Montevideo, entre otros) y el seguimiento al PDES 2021-2025.