Se promovió la participación y representación de niñas, niños y adolescentes en la vida política y social del país. Con el apoyo de ONU Bolivia, se llevó a cabo la elección de la directiva del Comité Plurinacional de Niñas, Niños y Adolescentes, con representantes de los nueve departamentos. Este Comité asume la responsabilidad de proponer políticas para mejorar la calidad de vida de la infancia y adolescencia, además de fiscalizar su implementación a nivel nacional, departamental, municipal e indígena originario campesino. 

Se acompañó la organización del Primer Congreso Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, en alianza con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Este evento marcó un hito en la participación activa de los jóvenes en la vida política y social del país, y sirvió como espacio para rendir cuentas sobre las acciones realizadas en favor de los derechos de la infancia y adolescencia.

Se desarrollaron acciones para mejorar la toma de decisiones y la gobernanza. Se estableció una interfaz vinculada a un chatbot de Inteligencia Artificial para evaluar los impactos de propuestas en distintos ámbitos de gobernanza, y se realizaron intercambios para considerar la necesidad de una visión multipartidaria de país en la Cumbre del Futuro. Además, se trabajó en la mejora de las capacidades en prevención y gestión de conflictos en la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, entre otras. 

Se colaboró estrechamente con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para impulsar mejoras en sus capacidades institucionales y mecanismos para garantizar la transparencia y equidad en los procesos electorales. 

El TSE se benefició de una serie iniciativas destinadas a fortalecer sus capacidades institucionales y promover la inclusión de la perspectiva de género en su labor. Por ejemplo, se implementó un programa de asistencia técnica que abarcó a los tribunales departamentales de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Este programa permitió la identificación de necesidades y la implementación de un Plan de Capacitación para la prevención y atención de denuncias por acoso y violencia política contra las mujeres, así como la promoción de los derechos políticos de las mujeres y la democracia paritaria. 

A través de estas acciones, se impulsó el establecimiento y el fortalecimiento de la Unidad de Género dentro de la estructura organizativa del TSE. Esta unidad desempeña un papel crucial en la integración de la perspectiva de género en todas las actividades del órgano electoral, contribuyendo así a garantizar la igualdad de oportunidades y la participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos electorales. 

Con la contribución de ONU Bolivia, el TSE trabajó en el diseño e implementación de estrategias específicas para combatir la desinformación durante los procesos electorales, consciente de los desafíos que esta representa para la integridad del sistema democrático. Estas estrategias se centran en la defensa de las áreas jurisdiccionales, de operaciones electorales y de registro de votantes. 

En colaboración con las instituciones de la sociedad civil, se llevó a cabo un programa de capacitación dirigido a las y los funcionarios electorales en áreas como la gestión electoral, el uso de tecnologías de la información y la comunicación, y la promoción de la participación ciudadana. 

Este programa tuvo como objetivo fortalecer las capacidades del TSE y de los tribunales electorales departamentales para garantizar la transparencia, la integridad y la equidad en los procesos electorales, promoviendo así la confianza y la legitimidad de las futuras elecciones en Bolivia. Esta iniciativa complementaria contribuyó a consolidar el rol del TSE como garante de la democracia y el Estado de derecho en el país. 

ONU Bolivia contribuyó a los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo en la elaboración de una hoja de ruta con miras a implementar un plan estratégico hasta 2027. Este plan se basa en un exhaustivo diagnóstico de las capacidades de esta institución y tiene como objetivo fortalecer sus acciones en la promoción de la paz y la gestión de conflictos, así como en la prevención y la atención de situaciones de violencia. 

En este marco, se implementó el Sistema Informático de Monitoreo y Análisis de Tensiones Sociales (SIMAT), una herramienta para la prevención y gestión de conflictos. Este sistema permite realizar un monitoreo constante de tensiones sociales, a nivel nacional, identifica posibles focos de conflicto y facilita la toma de decisiones informadas para su prevención y resolución. El SIMAT ha fortalecido las capacidades de la Defensoría del Pueblo en su labor de protección de los derechos humanos y su compromiso con la paz y la justicia social. 

En colaboración con organizaciones de la sociedad civil, se apoyó un programa de capacitación para el personal de la Defensoría en temas de derechos humanos, mediación y resolución de conflictos para brindar una atención más efectiva y sensible a la población, especialmente a aquella en situaciones de vulnerabilidad y violencia. 

Se llevaron a cabo diversas acciones destinadas a fortalecer la comunicación, sensibilizar a la población y combatir la desinformación en Bolivia. En colaboración con diversas plataformas de medios de comunicación, periodistas y jóvenes, se desarrolló la estrategia “No Hagas Daño”, la cual ha tenido un impacto significativo en los nueve departamentos. Esta estrategia, promovida por ONU Bolivia, busca mejorar el alcance comunicacional y promover un discurso que contribuya a la paz y a la convivencia armoniosa de la sociedad boliviana. 

Se formuló un protocolo de actuación periodística para la paz y en situaciones de conflicto con una plataforma de periodistas, constituida para este fin. Este protocolo busca establecer pautas éticas y profesionales para el ejercicio del periodismo en contextos sensibles, garantizando la veracidad y la imparcialidad de la información. 

Se realizaron campañas de sensibilización en alianza con medios de comunicación locales y nacionales para promover la importancia de la veracidad y la objetividad en la información, especialmente en tiempos de crisis o conflictos. Estas campañas tuvieron como objetivo fomentar el pensamiento crítico en la audiencia y fortalecer la capacidad de discernimiento frente a la desinformación y el discurso tóxico en los medios de comunicación. 

En el ámbito electoral, en coordinación con el TSE, se implementaron estrategias específicas para combatir la desinformación durante los procesos electorales. Estas estrategias incluyen acciones dirigidas a defender la integridad de los procesos electorales, así como a promover la transparencia y la confianza en el sistema democrático. 

Se han realizado esfuerzos para fortalecer la comunicación, promover un discurso constructivo y combatir la desinformación en Bolivia, trabajando en colaboración con diversos actores sociales, medios de comunicación y organismos internacionales. Estas acciones impulsan la cultura de paz, la estabilidad y el desarrollo democrático del país. 

Se brindó asistencia técnica al Estado para mejorar la eficiencia y efectividad de la justicia, con un enfoque especial en las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Una de las acciones más destacadas fue la conformación de la Mesa Nacional Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia en Razón de Género, en la cual participan las máximas autoridades del sistema penal. Esta Mesa ha firmado la Ruta de Actuación Interinstitucional (RAI), un instrumento que busca garantizar una respuesta adecuada y no revictimizante a los casos de violencia de género, a través de la estandarización de los procedimientos y actuaciones desarrolladas por diferentes instituciones que intervienen en la cadena de atención de violencia. 

Se brindó asistencia técnica al Ministerio Público para fortalecer sus capacidades institucionales en la lucha contra la corrupción. Esto incluyó la aplicación de la metodología de Gestión de Riesgos de Corrupción desde 2021, la cual identificó áreas y procesos vulnerables a la corrupción y facilitó la implementación de un Plan de Acción con medidas de mitigación. 

Estas medidas incluyeron la aplicación de un nuevo Código de Ética y de un Reglamento de Régimen Disciplinario, talleres de difusión y socialización de ambos documentos, la creación del Sistema JL-Disciplinario para procesos disciplinarios internos transparentes y rápidos, y el Sistema JL-Transparencia para la presentación de denuncias de corrupción en línea y el seguimiento de los plazos. 

Se desarrollaron programas de fortalecimiento de capacidades para operadores de justicia, como jueces, fiscales y defensores públicos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la efectividad del sistema judicial en la protección de los derechos humanos y la aplicación imparcial de la justicia.

Estos programas incluyeron sesiones sobre la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos, el acceso a la justicia para grupos vulnerables, y la gestión de casos de violencia de género, entre otros temas relevantes para la reforma judicial. 

En colaboración con una plataforma de periodistas, se ha trabajado en la implementación de un protocolo de actuación periodística para la paz y situaciones de conflicto. 

Este protocolo busca establecer pautas éticas y profesionales para el ejercicio del periodismo en contextos sensibles, garantizando la veracidad y la imparcialidad de la información relacionada con la justicia y los procesos judiciales.